Según estudios de UNICEF (2000:1), en América Latina 6 millones de niñas y niños son agredidos severamente por sus padres o familiares y 85 mil mueren cada año como consecuencia de estos castigos. En Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos y un 19,7% violencia psicológica. Un 26,4% de los niños, niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres. En Chile la violencia hacia los niños o niñas es una práctica frecuente según estudios realizados en UNICEF (2000). Los casos de maltrato infantil que logran visibilidad pública, por su dramático desenlace, sólo constituyen una pequeña parte de una realidad mucho más amplia y generalizada. Un significativo porcentaje de la población considera al castigo físico y psicológico como una herramienta “educadora”. Es evidente que se trata de una práctica mucho más arraigada de lo que se supone y en la medida que no se modifiquen los múltiples factores sociales, culturales y económicos que la sostienen, se mantendrá por años.
Así también si tomamos en consideración la vulneración de derechos que sufren los niños/as que acuden a este centro podemos indagar que las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo en el desarrollo sicosocial y físico de las personas. Es probable que detrás de problemas de aprendizaje, de comportamiento y agresividad se escondan situaciones de maltrato físico, abuso y/o abandono. Los daños emocionales causados a temprana edad pueden significar “marcas imborrables” para toda la vida. Un niño maltratado podría llegar a ser un adulto maltratador y violento, con lo cual reproduce la violencia física o psicológica hacia sus parejas o en sus propios hijos.
Según Úcar (2000:8) señala: “La función del psicopedagogo pasa, desde mi punto de vista, por vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje, las problemáticas derivadas de dichos procesos y la propia vida cotidiana de los centros educativos con contextos más amplios de significación de los que aquellos también forman parte.” Podría de venir, de esta manera, en una especie de mediador entre la cultura escolar y la cultura social (de barrio, distrito, pueblo, etc.). El psicopedagogo debería constituirse, en este sentido, en un interlocutor privilegiado para “sea desde el propio centro educativo o desde el EAP” conectar y compartir casos, situaciones y problemáticas con el resto de profesionales de la intervención socioeducativa”. Por ello es que el psicopedagogo cumple un rol primordial en este proceso ya que a través de una intervención integral, genera grandes cambios a nivel educativo, emocional y social, entregando herramientas y apoyo al niño/a que lo requiera, así también a la familia y comunidad.
En Coyhaique, no existe el apoyo psicopedagógico dentro del equipo multidisciplinario para las víctimas de delitos violentos (CAVI), es esto lo que motiva a realizar esta investigación, ya que el hecho de no prestar apoyo educativo no se realiza una intervención integral en su totalidad.